En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete relevó el sentido del mensaje presidencial. “Este gobierno ha alcanzado logros relevantes en la construcción de una red de protección social que permite crear mayores oportunidades y disminuir las desigualdades que existen en nuestro país. Queremos seguir avanzando en esta tarea, porque para el Gobierno no es suficiente con que haya crecimiento si no hay más oportunidades”, afirmó.

Explicó que se requiere de una democracia más participativa, sin exclusiones, con política de calidad. Sólo de esta forma le damos estabilidad al país y creamos el contexto indispensable para que el crecimiento y el desarrollo se sustenten en el tiempo”.

Pérez Yoma agregó que la Presidenta dio a conocer 103 compromisos sociales “cuyo cumplimiento exige, ahora más nunca, llevar adelante una profunda modernización del Estado que eleve significativamente la calidad de la gestión en todos los niveles del gobierno”.

En la oportunidad, el ministro del Interior reiteró los objetivos que se trazó con la agenda de modernización “para contar con un mejor Estado, más ágil y eficiente”. Destacó que es necesario superar la mirada sectorial y compartimentada de ministerios y organismos, que es necesario contar con una relación más moderna y de calidad entre el sector público y privado. También hay que desarrollar los estímulos concretos para un Estado orientado a largo plazo, descentralizado y eficaz. Agregó que es necesario poner en marcha durante este año la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, junto a profundizar el sistema de Alta Dirección Pública.

Pérez Yoma recalcó que “la modernización del Estado implica avanzar en un círculo virtuoso: mientras hay un mejor Estado más se profundiza la protección social y mientras más se avanza en protección social, más se avanza en igualdad de oportunidades, en inclusión y en una mejor democracia”.

Finalmente informó que el Consejo Asesor para la Modernización recibió ayer una síntesis de las propuestas entregadas a principios de mayo por 12 centros de estudios. Las aproximadamente 250 propuestas que apuntan a la organización del Estado, el personal directivo, profesionales y funcionarios, la mejoría de la gestión pública, la calidad de servicios, la rendición de cuentas, controles externos y participación ciudadana y las empresas públicas.