Tras concurrir a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, donde dio a conocer los detalles del desbaratamiento de la banda de narcotraficantes “Los Guatones”, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, hizo un reconocimiento a la labor desarrollada por la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones “por este importante golpe al narcotráfico”, que demuestra una vez más que las instituciones están funcionando y que hoy existe tolerancia cero con este tipo de organizaciones criminales.
En compañía del director de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, y la Fiscal Regional Occidente, Solange Huerta, afirmó que con la captura de este grupo, que proveía de droga a la banda de Los Cavieres, entre otras organizaciones, “se está terminando una investigación de más de nueve meses de desarrollo, donde con mucho celo se ha logrado la detención, hasta este minuto, de 17 personas, la incautación de 9 vehículos, importantes propiedades, 41 kilos de droga y 12 armas de fuego, que estaban en manos de narcotraficantes y delincuentes”.
Refiriéndose al patrimonio de esta banda, avalado en cerca de mil millones de pesos, afirmó que ello refleja que se trataba de un grupo que no sólo se dedicaba a la compra y venta de droga, “sino también al lavado de activos”.
Sobre el funcionario de carabineros involucrado expresó que éste ya se encuentra “fuera del servicio activo” y ha sido puesto a disposición de los tribunales. En relación con la persona que trabajaba en un centro de reclusión de menores del Sename también relacionada con “Los Guatones”, afirmó que ésta ya ha sido detenida y que “aparentemente su rol –según declaraciones- es que habría comprado droga y participado de esta actividad”, razón por la cual “como gobierno consideramos que es una situación grave e inaceptable. Esa persona ha sido inmediatamente destituida y puesta a disposición de los Tribunales”.
Harboe reiteró que “en este país hay igualdad ante la ley. Cualquier persona que se vea involucrada, con pruebas concretas, en una organización criminal o en hechos ilícitos, debe ser sancionada. Nuestro país tiene que mantener altos niveles de probidad, cualquiera sea la institución -servicio público o privado- a la que pertenezca”.
