El Gobierno se hace un deber expresar a la opinión pública lo siguiente:

1.- Tenemos en el centro de nuestro actuar el derecho a la vida de las personas, su dignidad y la protección a sus derechos fundamentales.

2.- Por su carácter incuestionablemente democrático, el Gobierno no impone conductas, sino que pone a disposición de la población opciones con las cuales nos hacernos cargo de una realidad de nuestra sociedad: el inicio cada vez más precoz de la actividad sexual en los jóvenes y el embarazo de las adolescentes, entre otros. De esta forma, cumple con su responsabilidad ante la sociedad, preferentemente con los más desvalidos.

3.- Concordamos en que el espacio privilegiado para tratar la sexualidad y la educación sexual es la familia, complementada por la escuela. Sin embargo, la realidad evidencia que a veces estas dos instancias no son suficientes. La realidad insoslayable es que en las comunas más modestas las madres menores de 18 años representan sobre el 20%.  En cambio, en comunas acomodadas representan el 2%.  Por ello, corresponde abordar esta carencia a través de una política pública responsable.

4.- Para adoptar estas políticas, hemos tenido en consideración los fallos de nuestros Tribunales de Justicia y las directrices de organizaciones internacionales especializadas, como la Organización Mundial de la Salud.

5.- No sólo compartimos, sino que estamos enfrentando las causas que generan situaciones de precariedad social de distinta naturaleza, como son la violencia, la injusticia, la incomunicación, la pobreza, la falta de solidaridad.