El jefe de gabinete enfatizó que en las sociedades democráticas la seguridad se debe concebir como el pleno respeto a los derechos de las personas y “es deber del Estado garantizar que las libertades se reconozcan y se amparen”. Explicó que la seguridad ciudadana es más que el control efectivo de los delitos y busca la realización de acciones preventivas y la incorporación progresiva de la ciudadanía en las políticas públicas.  “Podemos afirmar que sin la complementación Estado-comunidad no podremos dar las respuestas correctas. Es un modelo de comprende tres dimensiones: control, prevención y ciudadanía”, destacó.

Pérez Yoma recordó que los países están enfrentados a problemas como el tráfico de drogas, de armas y  de personas, delitos informáticos, junto al auge de grupos criminales organizados. Todos ellos constituyen “nuevos retos para la seguridad y una amenaza permanente para la democracia y la gobernabilidad, y especialmente para nuestra calidad de vida”, advirtió.

Respecto de los problemas de corrupción en las instituciones, sostuvo que “sin la confianza de las personas en la institucionalidad, es difícil que alguna política de seguridad produzca efectos positivos”. “Debemos erradicar toda acción de corrupción y disponer de los mecanismos internos para prevenir en el mayor grado posible su ocurrencia”, puntualizó

Acerca de las buenas prácticas, Edmundo Pérez Yoma, señaló que se trata de un concepto nuevo, “enfocado a la modernización de las instituciones, y en este caso, vinculado especialmente con la modernización del accionar policial”. Agregó que “las buenas prácticas exigen un cambio en el modelo de trabajo de los órganos públicos. Demanda formas de funcionamiento distinto, la validación de las prácticas exitosas y capacidad en su elaboración para poder ser replicadas en otras realidades nacionales”.