“Queremos reiterar de manera categórica que estos casos no borran la memoria histórica de lo que ocurrió en materia de violaciones a los Derechos Humanos”, afirmó el ministro del Interior (s) Patricio Rosende, al confirmar los errores de calificación de detenidos desaparecidos de Gustavo Edmundo Soto Peredo y Rubén Simón Soto Cabrera.
La autoridad entregó este jueves los antecedentes que ratifican la denuncia hecha por canal 13 sobre Soto Peredo. Luego de explicar el complejo caso, que fue revisado por la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Rettig, Rosende recordó que con muchos más los casos que todavía no son posibles de resolver porque los crímenes de la dictadura “se cometieron con el propósito explícito de impedir su investigación, de impedir que se aclararan las situaciones”. 
Con respecto a si existe interés del Ejecutivo de llevar a cabo una revisión completa de todos los casos, reiteró que “no le corresponde al Gobierno calificar ni recalificar las situaciones contenidas en el informe de la Comisión Rettig”. Agregó que “nuestra única facultad legal en esta materia es prestar asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y mantener custodia de las carpetas individuales que tuvieron a la vista las Comisiones Rettig”.
Frente a la posibilidad de que aparezcan denuncias de otros casos de calificación errónea, el Ministro del Interior (s) señaló que el Programa de Derechos Humanos tiene permanentemente sus ventanas abiertas y afirmó que “muchas denuncias que se han hecho, la gran mayoría, terminan descartándose y confirman la violación a los Derechos Humanos”.
RESEÑA CASO SOTO PEREDO
Hace algunos días, canal 13 informó el caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo, calificado como detenido desaparecido por la Comisión Rettig pero fallecido en agosto de 1973, de acuerdo a antecedentes obtenidos por este medio de comunicación.
Tan pronto como conocimos la denuncia, nuestros abogados y profesionales del programa de DDHH comenzaron una investigación tan profunda como la situación lo ha permitido.
El caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo fue denunciado a la Vicaría de la Solidaridad en 1975, y en 1990 a la Comisión Rettig, por María Cabrera Silva, quien dijo ser su conviviente y con quien tenía varios hijos. El relato de la señora Cabrera, aseguraba que G.E.S.P era un activo militante comunista que había sido detenido por militares el 13 de septiembre de 1973, y trasladado al Estadio Nacional, lugar desde donde desapareció el 16 de septiembre de 1973.
La Comisión Rettig conoció esta denuncia, y con los antecedentes de la Vicaría, más los documentos que pudo reunir, y por tratarse de una situación similar a muchas otras, procedió a calificarla como víctima de violación a los Derechos Humanos.
La investigación que ha realizado el Ministerio del Interior, nos ha permitido confirmar los siguientes hechos:
- Gustavo Edmundo Soto Peredo murió en agosto de 1973 por causas delictuales.
- María Cabrera Silva no era conviviente de Gustavo Edmundo Soto Peredo, sino cónyuge de su hermano Héctor Soto Peredo.
- María Cabrera Silva mintió en sus declaraciones ante la Vicaría y ante la Comisión Rettig, de manera suficientemente creíble, convincente y permanente como para obtener la calificación que buscaba.
- Una hija de María Cabrera, denunció ante la Comisión Rettig, la desaparición de su hermano Rubén Soto Cabrera y aseguró ser hija de G.E.S.P.
- Recientemente, ella reconoció que tanto el caso de G.E.S.P como el Rubén S.C fueron ideados por su madre.
- Rubén Soto Cabrera nació en 1965, pero su nacimiento se inscribió en 1979. Nunca obtuvo cédula de identidad, no tiene inscripción electoral y no registra salidas del país. No hemos podido dar con su paradero.
- Los antecedentes de estos dos casos serán puestos a disposición del ministro Carlos Gajardo, hoy.
Desgraciadamente, María Cabrera Silva falleció en 1995 y no hemos podido reconstruir completamente la historia ni sus razones para hacer lo que hizo.
Nunca los organismos de Derechos Humanos, ni el Gobierno tuvieron conocimiento de denuncias sobre este caso. Todos los antecedentes confirmaban la información inicial. De hecho, el Ejército lo presentó dentro del informe que entregó a la Mesa de Diálogo en 2001.